Editorial -«La Brujula Web» 26/2/26- En medio de un contexto donde distintos sectores advierten sobre infancias atravesadas por la pobreza, la falta de contención familiar y la debilidad de redes sociales, vuelve a surgir una pregunta de fondo: ¿alcanza la respuesta penal para abordar el delito juvenil? El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad se instala así entre quienes reclaman mayor rigor frente al delito y quienes plantean la necesidad de políticas integrales de prevención.
En la antesala del tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto para bajar la edad de imputabilidad, previsto para este viernes, el tema vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública.
La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei propone establecer un nuevo régimen penal juvenil que alcance a adolescentes desde los 14 hasta los 18 años cuando sean imputados por delitos tipificados en el Código Penal. Según el Ejecutivo, el objetivo es “terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria y dar respuesta a la sociedad”.
Miradas críticas desde el ámbito social y educativo
Distintas voces vinculadas a la educación, la Iglesia y organizaciones territoriales expresaron reparos frente a la propuesta y plantearon que el foco debería ponerse también en la prevención.
La docente rosarina Amanda Pacotti sostuvo que el debate no puede limitarse al castigo y advirtió sobre situaciones de vulnerabilidad en la infancia. En esa línea, planteó la necesidad de fortalecer ámbitos de contención y acompañamiento para niños y adolescentes.
La postura de la Iglesia
Desde la pastoral vinculada al trabajo carcelario también se manifestaron en contra de la baja de la edad de imputabilidad.
El sacerdote Sergio Raffaelli, de la parroquia rural de Pozo Hondo (Santiago del Estero), consideró que vincular la inseguridad exclusivamente con la punición de menores “no es el camino” y remarcó la importancia de analizar el contexto social de los jóvenes que delinquen.
Por su parte, Juan Carlos Ares, presidente de la Comisión de Pastoral Carcelaria Argentina, señaló que muchos jóvenes privados de libertad carecieron previamente de redes de contención familiar e institucional.
Trabajo territorial y prevención
Desde el espacio comunitario “La Hormigonera”, en barrio Ludueña, el referente Rodrigo “Bichito” Gauna advirtió sobre el abandono de políticas destinadas a la infancia en los últimos años.
Según explicó, en ese ámbito trabajan con más de un centenar de niños y adolescentes con el objetivo de ofrecer alternativas de inclusión y evitar que queden expuestos a circuitos delictivos.
Un debate abierto
Mientras el Senado se prepara para discutir la iniciativa, el tema vuelve a dividir opiniones entre quienes reclaman mayores herramientas penales frente al delito juvenil y quienes sostienen que la respuesta debe centrarse también en políticas de prevención, contención e inclusión social.
El tratamiento legislativo previsto para este viernes marcará un nuevo capítulo en un debate que atraviesa a la política, la justicia y la sociedad.
