La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa láctea que elaboraba los productos de la marca SanCor, entre ellos los yogures, flanes y postres Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores. La empresa cuenta con una planta en Córdoba yotra en Arenaza, pequeña localidad del partido de Lincon que tiene 1.300 habitantes.
La planta empleaba a 180 personas, mientras que otras 200 se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución de Córdoba. A su vez, la red logística de ARSA contaba con 165 distribuidores que abastecían semanalmente a 70.000 comercios en todo el país.
Arenaza es una localidad del partido de Lincoln de apenas 1300 habitantes, situada a 35 kilómetros de la ciudad cabecera.
La planta de ARSA —controlada por el Grupo Maralac es la principal fuente de empleo y motor económico del pueblo. Todos en la localidad tienen familiares que trabajaron o trabajan en ARSA.
El cese de actividades por 30 días, anunciado antes de la quiebra, ya había generado alarma en la comunidad. En ese momento, la empresa había atribuido su decisión a una serie de dificultades operativas, entre ellas los cortes de energía, la crisis de Vicentín y embargos judiciales en su planta de Córdoba.
La disolución de la empresa se activó tras el fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024. Aunque se mencionaron posibles interesados en el salvataje —entre ellos, Inverlat (dueño de Havanna), Werthein y CarVal—, ninguno presentó una oferta formal.
Durante los últimos meses, ARSA acumuló múltiples incumplimientos. El golpe final llegó en mayo, cuando la compañía anunció que detendría sus operaciones de forma transitoria para reorganizarse. Sin embargo, la reactivación nunca ocurrió, los compromisos económicos quedaron impagos y la quiebra fue inminente.
Los trabajadores denunciaron haber cobrado salarios irregulares, parciales y atrasados, con pagos en efectivo que apenas alcanzaban un cuarto del sueldo. Además, aseguraron que la empresa no realizó aportes a la obra social durante estos años y que varios empleados optaron por darse de baja antes del fallo judicial.
El dirigente de Atilra Junín y trabajador de la planta Arenaza, Martín Valente, explicó que semanas antes de la quiebra la empresa intentó aplicar un esquema de suspensiones. Ademas denunciaron que “ARSA ha fraudelentado toda su actividad desde su inicio” y anticiparon que los trabajadores seguirán organizados y en lucha para evitar el vaciamiento definitivo.
